Un policía del Chaco se suicida cada seis meses y la asistencia psicológica creció casi mil por ciento en la última década

Un policía cada seis meses. Ese es el promedio de suicidios que registra la Policía del Chaco en la última década. No se trata de una estimación: la cifra surge de una respuesta oficial de la Jefatura de Policía a un pedido de acceso a la información pública presentado por LITIGIO. Según el relevamiento, la mayoría de las víctimas tenía menos de 35 años y en todos los casos se utilizaron armas de fuego, principalmente las provistas por la institución. En paralelo, las asistencias psicológicas a integrantes de la fuerza pasaron de 53 en 2015 a 554 en 2025, casi diez veces más.

La problemática del suicidio se instaló en la agenda pública argentina durante los últimos años por un alarmante motivo: según el Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC), dependiente del Ministerio de Seguridad de la Nación, en 2025 se registraron 5.209 episodios de este tipo en todo el país, la cifra más alta desde que existen estadísticas comparables.

Y las fuerzas de seguridad no son ajenos a ese escenario. “Se incrementaron los suicidios de las fuerzas en 2025, hubo un 30% más que en 2024. Pero les cuento algo: se incrementaron los suicidios en el país y las fuerzas federales no escapan a esa realidad”, resumió la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, durante una entrevista radial.

Pero, ¿qué ocurre dentro de la Policía del Chaco? ¿Qué alcance tuvo esta problemática en la última década? Para intentar responder ese interrogante, este medio presentó el pasado 21 de septiembre un pedido de acceso a la información pública, en el marco de la Ley 2486-A.

¿Qué información se pidió? Se solicitaron datos sobre los suicidios registrados entre integrantes de la fuerza entre el 1 de enero de 2015 y el 31 de diciembre de 2025, con información anonimizada sobre la edad, el rango, la dependencia, la localidad y la situación de revista de las víctimas, además de posibles actuaciones administrativas o disciplinarias en curso y las circunstancias en que se produjeron los hechos.

También se requirió precisiones sobre el uso de armas de fuego y eventuales restricciones para su portación, así como estadísticas sobre agentes que recibían tratamiento psicológico o psiquiátrico. El pedido incluyó, además, un relevamiento de las políticas institucionales de prevención y atención de la salud mental en la última década: programas y protocolos vigentes, cantidad de profesionales, consultas e intervenciones realizadas, mecanismos de detección de factores de riesgo, evaluaciones psicológicas periódicas, procedimientos ante crisis o intentos de suicidio, capacitaciones al personal y estudios o estadísticas oficiales sobre la problemática.

22 en 11

La respuesta llegó el jueves de esta semana. Con la firma del propio jefe de Policía, Fernando Romero, el informe oficial contabilizó 22 suicidios en once años: uno cada seis meses. La evolución anual muestra que los casos no tuvieron un comportamiento uniforme: en 2015 y 2019 se registraron tres fallecimientos en cada año, mientras que 2024 fue el período con la cifra más alta, con cuatro casos. En 2016, 2020 y 2025 se informaron dos suicidios por año; en tanto, en 2017, 2018, 2021, 2022 y 2023 se registró uno en cada período.

Las víctimas eran muy jóvenes: de los 22 casos informados, la Jefatura individualizó 21 registros con sus respectivas edades, jerarquías y dependencias. Sobre esa base, surge que 17 tenían menos de 35 años. El promedio de edad de los casos individualizados ronda los 30 años, mientras que el más joven tenía apenas 20. El registro también incluye a un efectivo de 52 años, el de mayor edad entre los consignados.

La concentración de fallecimientos en edades tempranas constituye uno de los aspectos más relevantes del relevamiento: se trata de trabajadores que, en su mayoría, atravesaban las primeras etapas de su carrera policial o todavía se encontraban en edades de plena actividad laboral.

En cuanto a las jerarquías, aparecen efectivos de distintos escalafones. Entre los casos individualizados figuran cinco oficiales subayudantes, tres cabos, tres cabos primeros, tres agentes, cuatro sargentos, un suboficial mayor y un oficial auxiliar. La distribución permite advertir que el problema no se circunscribe a una única categoría jerárquica.

Los fallecimientos también se distribuyeron en distintas dependencias del área Metropolitana y del interior provincial, sin una zona que concentre la mayor cantidad de casos. Entre las localidades y destinos mencionados aparecen Resistencia, Sáenz Peña, Villa Ángela, Pampa del Indio, Fuerte Esperanza, Charata, Basail, Puerto Eva Perón, Miraflores y General Vedia. Si bien la mayoría prestaba servicios en comisarías, se menciona que algunos de ellos integraban departamentos especiales, como ser: Drogas Peligrosas, División 911, División Antiterrorismo, Criminalística, Antecedentes Personales y el Cuerpo de Operaciones Motorizadas.

Armas reglamentarias

Otro dato especialmente sensible es el medio utilizado. La Jefatura informó que en el 100% de los suicidios registrados se empleó un arma de fuego y que, en la mayoría de los casos, se trató del arma reglamentaria provista por la institución. Si bien el arma no explica por sí sola un suicidio, su disponibilidad puede cambiar el desenlace de una crisis al limitar el tiempo para el arrepentimiento y la intervención de terceros.

El informe de la policía chaqueña agrega que, al momento de los hechos, no existían restricciones formales o preventivas vigentes sobre la portación de armas para los efectivos fallecidos, de acuerdo con los registros del Departamento Medicina Laboral. La información adquiere relevancia cuando se la cruza con otro aspecto de la respuesta oficial: la dependencia encargada de las evaluaciones psicofísicas no contaba con registros de evaluaciones psicológicas o psiquiátricas previas de los policías que se quitaron la vida durante el período analizado.

La Jefatura aclaró que Medicina Laboral realiza evaluaciones de aptitud psicofísica y de portación de armas, conforme a los protocolos institucionales y las disposiciones de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC), pero que “no realiza atención asistencial ni seguimiento clínico de salud mental”. Por su parte, el Departamento Servicios Sociales informó que no registraba constancias individualizadas de tratamientos clínicos obligatorios previos en los legajos analizados para esta respuesta.

Casi mil por ciento

El otro dato central de la respuesta es el incremento de las asistencias psicológicas dentro de la fuerza. Según los registros del Departamento Servicios Sociales, en 2015 se contabilizaron 53 asistencias, mientras que en 2025 la cifra ascendió a 554. La comparación representa un aumento del 945%, es decir, casi diez veces más que al comienzo de la serie.

La evolución informada muestra fuertes variaciones. En 2017 se registraron apenas 10 asistencias; en 2018 fueron 45 y en 2019 se contabilizaron 123 pacientes, además de 10 intervenciones en crisis. Durante 2020, en el contexto de la pandemia, la institución informó que 35 funcionarios recibieron asistencia mediante entrevistas telefónicas y videollamadas.

En 2022, el registro ascendió a 236 empleados atendidos en tratamiento psicoterapéutico. En 2023 y 2024 se contabilizaron 233 asistencias anuales, distribuidas en 189 personas en tratamiento, 20 alumnos y 24 consultas espontáneas. El salto más pronunciado aparece en 2025: 554 asistencias, de las cuales 497 correspondieron a personas en tratamiento y 57 a consultas espontáneas. No se especificaron los registros de los años 2016 y 2021.

El crecimiento puede reflejar una mayor demanda de atención, una ampliación de los dispositivos institucionales, una mayor disposición del personal a solicitar ayuda o una combinación de esos factores. Sin embargo, la información remitida no permite determinar cuánto corresponde a cada variable ni establecer si el incremento responde exclusivamente a un deterioro de la salud mental dentro de la fuerza.

Un dato que llama la atención son los dos momentos donde se dan los saltos más abruptos en la cantidad de asistencias: uno es en el período inmediatamente posterior a la pandemia, con lo traumática que significó para todos esa experiencia sumada a la mayor visibilización de la problemática de la Salud Mental, y el otro tras el primer año de gobierno de Javier Milei, en un contexto de fuerte crisis económica, pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores y el cada vez más elevado endeudamiento de las familias.

Recursos y cobertura 

Actualmente, el Departamento Servicios Sociales cuenta con 11 licenciados en Psicología: cuatro con estado policial y siete contratados como personal civil. De los cuatro profesionales con estado policial, tres prestan servicios en Resistencia y uno en Sáenz Peña. Entre los contratados, cinco trabajan en Resistencia, uno en Villa Ángela y otro en San Martín.

De esta manera, ocho de los once psicólogos están concentrados en Resistencia. Los tres restantes se distribuyen entre Sáenz Peña, Villa Ángela y San Martín. La distribución muestra una concentración territorial de los recursos profesionales en el área Metropolitana, mientras que distintas ciudades cabeceras del interior no aparecen entre los destinos permanentes informados para los psicólogos del Departamento Servicios Sociales.

La Jefatura sostuvo que existen espacios de escucha, orientación y acompañamiento psicosocial, además de talleres de concientización y prevención del suicidio, manejo del estrés, ansiedad, consumos problemáticos y violencia familiar y de género. Estas actividades se desarrollan tanto en el área Metropolitana como en localidades del interior, entre ellas Charata, Villa Ángela, San Martín, Castelli y Sáenz Peña.

Detectar situaciones de riesgo

La respuesta oficial describe mecanismos de detección temprana que incluyen consultas espontáneas, entrevistas, espacios de escucha y talleres preventivos. Entre las señales que se busca identificar figuran los cambios de comportamiento, la angustia persistente, las pérdidas recientes, las conductas impulsivas y las expresiones de ideación suicida.

En cuanto a las situaciones de crisis o riesgo inminente, la institución informó que activa mecanismos de articulación con el Servicio de Emergencias de Salud Mental del Hospital Perrando, el sistema 911 y la unidad donde presta servicios el efectivo.

También describió un procedimiento de retención preventiva del arma reglamentaria. Según el protocolo mencionado, la unidad de revista debe retirar el arma mediante un acta, en cumplimiento del Radiograma N° 045-JP/26, y mantener esa medida hasta que el Departamento Medicina Laboral realice la evaluación y emita el correspondiente dictamen psicofísico.

Se trata de un mecanismo que apunta a evitar que un efectivo en situación de riesgo inmediato tenga acceso a su arma de fuego. Sin embargo, la documentación no detalla cuántas veces se aplicó este procedimiento ni cuántas situaciones de riesgo fueron detectadas y derivadas durante el período solicitado.

La Jefatura también informó que desarrolla capacitaciones para oficiales superiores, jefes y personal subalterno sobre prevención del suicidio, manejo del estrés, depresión, factores de riesgo, señales de alerta, consumos problemáticos y violencia familiar o de género.

Desde 2025, la Policía del Chaco integra formalmente la Mesa Intersectorial de Prevención del Suicidio de la provincia, creada en el marco del Decreto Provincial N° 1707/2020, y que remite estadísticas institucionales mensuales para articular las intervenciones.

“Estamos bajo una presión constante”

Si bien la información oficial aportada es valiosa, no alcanza para describir las condiciones cotidianas en las que trabajan sus integrantes. Consultado por LITIGIO para esta nota, un efectivo con más de 20 años de servicio describió un escenario atravesado por jornadas prolongadas, recargas de trabajo, necesidad de realizar servicios adicionales para completar los ingresos y dificultades para acceder a atención psicológica sin temor a sufrir consecuencias económicas o laborales.

“En más de 20 años de servicio nunca fui a un psicólogo de la Policía. Nunca fui citado, nunca fui tratado, nunca nada. Y yo creo que tendría que haber un control, porque nosotros estamos manipulando un arma”, sostuvo. Según explicó, la presión no se limita al ámbito laboral: también repercute en la vida familiar, especialmente por el tiempo que los efectivos pasan fuera de sus hogares y por los ingresos que, en muchos casos, consideran insuficientes.

“Estamos bajo una presión constante, tanto en lo laboral como en lo familiar al estar tanto tiempo fuera de casa, con un sueldo que no es acorde a la situación”, relató. En las unidades operativas, afirmó, las jornadas suelen extenderse durante doce horas o más. Incluso en dependencias administrativas, donde existen horarios diferenciados, el personal también puede ser convocado a operativos, servicios en eventos deportivos y recorridas.

El entrevistado, que por razones obvias se mantiene en anonimato, también cuestionó las consecuencias económicas que, según su relato, puede tener la separación preventiva del servicio cuando un efectivo atraviesa un problema de salud mental. Aseguró que la pérdida del presentismo puede representar una reducción cercana al 40% de los ingresos y que esa perspectiva funciona como un obstáculo para buscar ayuda.

“Te separan del servicio, pero vos igual tenés que cumplir con tu familia y, encima, se te presenta un problema económico”, explicó. En ese contexto, consideró que muchos integrantes de la fuerza evitan pedir asistencia por temor a que una evaluación psicológica derive en restricciones laborales y una disminución de sus haberes.

Uno de los aspectos más delicados de su testimonio se refiere a la situación de efectivos que atraviesan consumos problemáticos y están en tratamiento. El policía aseguró que, en algunos casos, la separación del servicio y las sucesivas modificaciones de la situación administrativa implican una fuerte reducción de los ingresos, lo que puede agravar la vulnerabilidad económica del trabajador y de su familia.

Como ejemplo, relató un caso extremo: el de un compañero que, según dijo, llevaba meses intentando obtener el alta médica para regresar a sus funciones. Con hijos a su cargo, la falta de ingresos suficientes y la imposibilidad de conseguir otro empleo, tomó la decisión de vender drogas: “Me dijo: ‘Estoy vendiendo porque me estaba por volver loco. Mi familia no tiene para comer y nadie me da laburo’.  En vez de ayudarlo, ¿qué hacen? Lo dejan a un lado, que se arregle solo”.