El gobierno del Chaco y la autogestión escolar: ¿el estado se desentiende de sus responsabilidades?
Dina Analia Bodnar directora de uno de los establecimientos educativo secundarios publico mas importante de Sáenz Peña revelo que una resolución del Ministerio de Educación, dictada aproximadamente un año atrás, establece que los establecimientos deben autogestionarse. La declaración abre un debate de fondo: ¿se está trasladando a las escuelas la responsabilidad de conseguir los recursos que debería garantizar el Estado provincial?
La polémica por el cobro de inscripciones en la Escuela de Educación Secundaria N.º 174 República de Honduras, de Presidencia Roque Sáenz Peña, expone una discusión que va mucho más allá de un aporte económico: el financiamiento de la educación pública y las responsabilidades del Gobierno del Chaco.
En sus declaraciones, la directora de uno de los establecimientos secundarios mas grande e importante de la ciudad como lo es el historico colegio Republica de Honduras Dina Bodnar revelo con gran sinceridad ante las criticas en redes de padres y alumnos, que la autogestión responde a una resolución emanada del Ministerio de Educación provincial, emitida aproximadamente un año atrás. Si esa disposición establece que las propias instituciones deben generar recursos para afrontar sus necesidades de reparaciones edilicias, material didactico y diferentes gastos corrientes, es dable aclarar que aquellos aalumnos que no cuenten con ninguna colaboracion para aportar , igualmente seran inscriptos destaco la directora, mas alla de ello resultaria indispensable para la comunidad educativa conocer sus alcances y determinar qué obligaciones conserva el Estado. Cabe destacar que el Colegio Republica de Honduras tiene ya 80 años de historia en la ciudad , cuanta con mas de 1000 alumnos en tres turnos.
Cuando la escuela debe resolver por sus propios medios
La autogestión puede presentarse como una herramienta para organizar recursos y responder a las necesidades de cada comunidad educativa. Sin embargo, el escenario cambia cuando esa modalidad se convierte en una respuesta a la falta de fondos suficientes para sostener el funcionamiento cotidiano de una institución.
Las colegios/escuelas ni sus directivos no deberían verse obligadas a depender de colectas, aportes de las familias o iniciativas particulares para cubrir necesidades esenciales. Tampoco puede suponerse que todas las comunidades cuentan con la misma capacidad económica para colaborar.
En ese contexto, surge una pregunta inevitable: ¿qué sucede con las instituciones cuyos alumnos y familias no pueden aportar dinero?
La educación pública debe garantizar igualdad de oportunidades. Si la capacidad de cada escuela para conseguir recursos termina determinando las condiciones en las que puede funcionar, existe el riesgo de profundizar las desigualdades entre establecimientos.
La responsabilidad política del Gobierno provincial
El Ministerio de Educación no puede quedar al margen de esta discusión. La Ley de Educación provincial le asigna responsabilidades centrales en la administración y ejecución de la política educativa pero pareceria que la gestion Zdero/Naidenoff ha comenzado a delindar responsablidades que surgen de diferentes normativas legales.
Por eso, si existe una resolución que promueve la autogestión de los establecimientos, las autoridades deben explicar con claridad qué significa en términos concretos: qué gastos deben afrontar las escuelas, cuáles son los recursos que reciben, qué mecanismos de asistencia existen y qué sucede cuando una institución no logra reunir el dinero necesario.
No alcanza con que los directivos con sus magros ingresos busquen soluciones para mantener abiertas las puertas de sus establecimientos. También es necesario que el Estado garantice condiciones adecuadas para enseñar y aprender.
La discusión no debe recaer sobre quienes conducen las escuelas ni sobre las familias que intentan colaborar. El interrogante central apunta a las decisiones políticas y presupuestarias que determinan cómo se sostiene la educación pública.
Una resolución que debe conocerse
La declaración de la directora deja planteado un punto concreto que merece una explicación oficial: la existencia de una resolución ministerial que, según su testimonio, establece la autogestión escolar.
El Gobierno provincial debería informar el número de esa norma, su fecha de aprobación, su contenido y los alcances de su aplicación. También debería aclarar si la autogestión se refiere exclusivamente a cuestiones administrativas o si implica que los establecimientos deben conseguir fondos para cubrir gastos de funcionamiento.
Esa diferencia es fundamental para evaluar el verdadero alcance de la medida.
La educación pública no puede quedar librada a la recaudación de cada escuela
La polémica de la E.E.S. N.º 174 República de Honduras vuelve a poner en discusión el modelo de financiamiento educativo de la provincia.
La colaboración de una comunidad puede ser valiosa, pero no debería convertirse en una sustitución permanente de las obligaciones estatales. Mucho menos si los aportes económicos pueden transformarse en una barrera para las familias con menos recursos.
La pregunta que el Gobierno del Chaco debe responder es directa: si las escuelas tienen que autogestionarse para afrontar sus necesidades, ¿cuál es el papel concreto del Estado provincial en el sostenimiento de la educación pública?
La educación no puede depender de cuánto dinero consiga reunir cada establecimiento. Garantizarla es una responsabilidad pública y una condición indispensable para que todos los estudiantes tengan las mismas oportunidades.
