Caso $LIBRA: dos diputados buscan ser querellantes y piden citar a la expareja de Cerimedo
Los legisladores Maximiliano Ferraro y Mónica Frade recurrieron a la Justicia tras la exclusión de cinco inversores damnificados y solicitaron incorporar a Nadia Beller como testigo en la causa que involucra a Javier Milei.

Luego de la reciente decisión de la Cámara Federal porteña de excluir a los inversores damnificados en el caso $LIBRA, los diputados nacionales Mónica Frade y Maximiliano Ferraro se presentaron ante la Justicia para solicitar su incorporación formal como parte querellante. La medida de los legisladores busca evitar que el avance del expediente quede condicionado únicamente a la acción de la fiscalía federal a cargo de Eduardo Taiano.
Además, los legisladores solicitaron que se tome declaración testimonial a Nadia Beller, expareja del consultor político Fernando Cerimedo, para aportar información clave sobre el financiamiento de la estructura oficialista. La presentación de los diputados de la Coalición Cívica-ARI —quienes integraron la Comisión Investigadora del Congreso sobre la presunta estafa de la criptomoneda— fue realizada ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 8.
Horas antes, la Sala I de la Cámara Federal, en el primer día de asunción de los jueces Pablo Yadarola y Pablo Bertuzzi, había ratificado la exclusión de cinco inversores particulares que se habían presentado como damnificados por la criptomoneda promocionada por el presidente Javier Milei. El tribunal convalidó la postura defensiva que sostiene que los inversores se expusieron voluntariamente al riesgo de un mercado de activos no regulados.
Con y el testimonio de Beller
La solicitud ratificada por Frade y Ferraro apunta contra un presunto entramado de corrupción en las esferas más altas del Poder Ejecutivo Nacional. Según el escrito al que tuvo acceso El Destape, los hechos denunciados encuadran en la presunta violación de la Ley de Ética en el ejercicio de la función pública, cohecho pasivo agravado, tráfico de influencias y negociaciones incompatibles con la función pública.
En este marco, los legisladores denunciaron penalmente la existencia de “un esquema sistemático mediante el cual la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, habría solicitado y recibido pagos en dólares para gestionar audiencias privadas con el Presidente de la Nación, habilitar ingresos a la Casa Rosada y a la Residencia de Olivos, facilitar actos oficiales, promover publicaciones presidenciales en redes sociales y articular contactos institucionales en beneficio de particulares“.
Bajo esta lógica, la agenda presidencial habría sido tratada como un “activo transable, convertido en mercancía y ofrecido a empresarios, operadores financieros y referentes del ecosistema cripto”, según consta en el documento que ahora está en poder de la Justicia.
Para robustecer la acusación, la querella considera fundamental el testimonio de Beller, abogada que actualmente se encuentra internada en Bolivia tras haber sobrevivido a un intento de femicidio por parte de Cerimedo. Además de la declaración testimonial de Beller vía videoconferencia, los diputados requirieron medidas probatorias de carácter urgente, entre las que destaca un peritaje informático exhaustivo sobre los dispositivos de la abogada.
Esta solicitud incluye el análisis de computadoras, teléfonos móviles, discos duros y el resguardo de chats de WhatsApp con Cerimedo, quien actualmente se encuentra detenido en el penal boliviano de Chonchocoro.





