Dio comienzo el juicio político contra el juez Rodolfo Lineras en el Consejo de la Magistratura
El Jurado de Enjuiciamiento comenzó a analizar este martes la acusación formulada por el exfiscal César Collado contra el magistrado de Presidencia Roque Sáenz Peña. Se lo investiga por presunto mal desempeño, abuso de autoridad, prevaricato y violación de los deberes de funcionario público.

Entre los principales señalamientos aparece el dictado de un hábeas corpus preventivo que, según la acusación, carecía de fundamentos suficientes.
También se le atribuye una presunta omisión en la valoración de pruebas y una intervención que habría interferido en las facultades del Ministerio Público Fiscal. El denunciante considera que estas actuaciones podrían constituir irregularidades graves en el ejercicio de la función judicial. Los cuestionamientos fueron encuadrados en disposiciones de la Ley provincial 33-B y en la causal de mal desempeño contemplada en el artículo 154 de la Constitución del Chaco.
Durante el inicio del debate, Gustavo Rodolfo Lineras ejerció su defensa y cuestionó los fundamentos de la denuncia. El magistrado sostuvo que las decisiones judiciales que adoptó estuvieron respaldadas por las actuaciones correspondientes y rechazó haber cometido las irregularidades que se le atribuyen También formuló críticas hacia el desempeño del exfiscal Collado, a quien acusó de haber excedido sus atribuciones.
Estas manifestaciones forman parte de la posición defensiva del juez y deberán ser evaluadas junto con las pruebas incorporadas al procedimiento.
El tribunal encargado de analizar la conducta del magistrado está conformado por Ricardo Urturi, Carolina Meiriño, Néstor Varela, Ivana Balberdi, María Celeste Romero, Jorge Gómez y Rubén Guillón. Durante las próximas audiencias se prevé la declaración de testigos y el análisis de documentación relacionada con los hechos denunciados. Una vez finalizada la etapa probatoria, las partes podrán presentar sus alegatos antes de que el jurado adopte una resolución.
El proceso tiene como finalidad establecer si existió una conducta incompatible con las responsabilidades del cargo judicial. En caso de acreditarse las causales previstas por la normativa, el jurado podrá disponer la destitución del magistrado. De lo contrario, corresponderá resolver su situación conforme a las pruebas y los argumentos expuestos. Por el momento, Lineras continúa sometido al procedimiento de enjuiciamiento y no existe una resolución definitiva sobre las acusaciones formuladas en su contra.

