Sabadini pidió abrir una investigación federal por la transferencia ilegal de vehículos oficiales

El fiscal federal de Resistencia, Patricio Sabadini, imputó a la directora de Gestión de Bienes del gobierno provincial, Lidia del Carmen Costas, a los dueños de la firma Solint SAS, escribanos, martilleros, gestores y agentes policiales como parte de una asociación ilícita conformada para apoderarse ilegalmente de vehículos del Estado chaqueño.

A partir de una denuncia presentada a fines del mes de junio por el titular del Registro Nacional de la Propiedad del Automotor de Resistencia, Adrián Veleff, el fiscal federal de Resistencia, Patricio Sabadini, formuló un requerimiento de investigación ante el Juzgado Federal de Resistencia contra una serie de personas que habrían conformado una asociación ilícita para apoderarse de manera ilegal de vehículos oficiales del gobierno del Chaco.

Una de las principales imputadas es la responsable de la Dirección General de Gestión de Bienes de la Secretaría General de Coordinación y Gobierno de la Provincia del Chaco, Lidia del Carmen Cuestas, quién con su firma como funcionaria pública habría certificado anexos de decretos falsificados para favorecer las transferencias ilegales de autos y motos oficiales a nombre de la empresa “Solint S.A.S”, con sede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por lo que también imputó al titular de esa firma, Santiago Dellacasa, y al apoderado de la misma, Héctor Dellacasa.

En paralelo, se lleva adelante otra investigación en la justicia provincial, que está a cargo del fiscal Roberto Villalba, a partir de una auditoría realizada por la Secretaría General de la Gobernación del Chaco donde se detectaron una serie de irregularidades con la transferencia de vehículos oficiales.

La nómina de imputados también incluye a agentes policiales, escribanos, martilleros públicos y gestores quiénes habrían desempeñado diversos roles en la organización delictiva que, según los datos recabados por el fiscal Sabadini, habría operado desde el año 2016 hasta la actualidad. Según la hipótesis delictiva, la organización se encontraba dirigida “a lograr en un número indeterminado de casos la transferencia de automotores y motovehículos que integran el patrimonio del Estado Provincial a nombre de la sociedad “Solint S.A.S” o a los llamados “prestanombres” que luego transfieren los vehículos a dicha empresa o a los Sres. Dellacasa valiéndose para ello de documentación apócrifa presentada a eso fines ante el Registro de la Propiedad Automotor”.

A la primera denuncia formulada por Veleff, durante el transcurso de este mes se le sumaron tres más de similares características, que se incorporaron al requerimiento: la primera, de Claudio Lange, a cargo del Registro Nacional de la Propiedad Automotor con Competencia Exclusiva en Motovehículos Clase “A”; la segunda, del encargado del Registro de la Propiedad del Automotor Nº 4 de Resistencia, Felipe Germán Bittel, y la tercera del encargado suplente del Registro de la Propiedad del Automotor, Seccional Resistencia Nº 1, Julio Félix Norberto Ortiz Riera.

Cómo operaba la organización

Según describe el requerimiento presentado ante el Juzgado Federal Nº 1 de Resistencia, la maniobra era llevada adelante mediante la falsificación de instrumentos públicos, específicamente, anexos de decretos que autorizan las subastas de vehículos propiedad del Estado Provincial y las respectivas actas de subasta por cada lote rematado, además, Formularios 08, Formularios 02, Formularios 12, actas notariales; documentación que es presentada por los mandatarios mencionados a esos fines ante las autoridades del Registro de la Propiedad Automotor, en muchos casos logrando la transferencia de los mencionados vehículos, afectando de esta manera el erario público provincial mediante el desapoderamiento ilegítimo de bienes propiedad del estado y fundamentalmente, en lo que aquí interesa, el normal funcionamiento del Registro de la Propiedad Automotor”.

La operatoria consistía en “la alteración del contenido de anexos de decretos del Poder Ejecutivo que autorizaban la subasta de vehículos propiedad del Estado Provincial emanados de las autoridades provinciales competentes, conservando su estructura formal e insertando en ellos datos que no se corresponden con la voluntad de venta que surge de los respectivos decretos originales”. En concreto, “se adulteraron los nombres del adquirente del vehículo en la supuesta subasta, como así también los datos correspondientes al vehículo presuntamente subastado, tales como, número de motor y chasis y dominio”.

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